Han transcurrido más de ocho años desde que el llenado del embalse de la central Ralco, en el Alto Bío Bío, inundó un antiguo cementerio pehuenche, dejando bajo el agua los restos de los ancestros de 25 familias pehuenches de la comunidad Quepuca Ralco, y hasta ahora no han tenido ninguna respuesta clara por parte del gobierno en cuanto a su demanda: el desentierro de los restos de sus antepasados.

Lo más importante que se logró durante el gobierno pasado, fue la realización de un estudio encargado por el Consejo de Monumentos Nacionales, que determinó la factibilidad de desentierro, aunque con un costo cercano al millón de dólares.

Pero no se pudo obtener la decisión final en cuanto a si el Estado se haría cargo o no de este proceso y así se llegó al cambio de gobierno.

Apenas asumidas las nuevas autoridades, los representantes de las familias afectadas intentaron que se les diera una respuesta concreta.

De acuerdo a lo detallado por el representante legal de las familias, Gabriel Vergara, durante el año pasado sostuvieron distintas reuniones con personeros de varias reparticiones involucradas en este caso. Incluso llegaron a La Moneda, donde esperaban hablar con el presidente de la República, lo que finalmente no ocurrió ya que fueron atendidos por su jefe de gabinete y una abogada. Se les dijo que pronto estaría resuelto, pero en reunión con representantes de Conadi, el Consejo de Monumentos, Asuntos Indígenas, les quedó claro que no había nada claro.

Vergara cuenta que intentaron una audiencia con el ministro del Interior, pero tampoco se las dieron, siempre terminaban hablando con asesores o con personas que no tenían poder de decisión como el encargado de Asuntos Indígenas de la Presidencia.

“Hemos pedido que nos respondan por escrito, pero tampoco lo han hecho”, reclama Vergara y precisa que lo que les interesa es que pronto les digan si habrá o no desentierro, para poder decidir los próximos pasos a seguir. “Aquí no hay seriedad, es una falta de respeto”, critica Gabriel Vergara.

Recalca que se sienten “engañados y pasados a llevar por el gobierno.  Nos han paseado por todos los servicios públicos y nadie toma decisiones. Lo que estamos pidiendo es que nos entreguen una respuesta por escrito y que nos den las explicaciones para luego ver qué hacemos”, reitera.

La conclusión del estudio

Pasaron dos años desde que el cementerio indígena fuera inundado, antes de que finalmente se tomara la decisión de encargar un estudio para determinar la factibilidad del desentierro. Fue así como a través del Consejo de Monumentos Nacionales, se contrató a la empresa Arka Consultores especializada en arqueología subacuática, que efectuó el estudio los días 13 y 14 de febrero de 2009.

En lo que se considera la conclusión más importante del estudio, se precisa que "aunque técnicamente resulte viable, el desarrollar una intervención arqueológica sobre el sitio 53 implicaría una operación de buceo profesional riesgosa, de alta complejidad y con costos elevados, probablemente sobre el millón de dólares. Se estima que aun obteniendo información sobre la localización precisa de las tumbas, considerando el carácter discreto de las evidencias y la posibilidad de que los materiales se encuentren pobremente preservados, las probabilidades de alcanzar con éxito una recuperación total de las osamentas de todas las tumbas, resultan reducidas".



Por  TBB

13 de agosto de 2012.-

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