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Gobiernos de toda América dan mayor importancia a los beneficios  que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe publicado antes del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se conmemora el 9 de agosto.
El informe analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar a los pueblos indígenas en relación a proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.
"Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos", ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales. "Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, por lo que sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado."
Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el reciente informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
En Ecuador, por ejemplo, la comunidad indígena de Sarayaku –que se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado– presentó su reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta en la región.
El mes pasado, la Corte falló que Ecuador tiene la obligación de llevar a cabo una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, realizada de buena fe, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio. La sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para otros países de América.
"El Gobierno ha anunciado que ellos socializarán la información y que esa socialización ya es una consulta. Pero, según las normas internacionales, el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado es algo distinto. Para empezar, la consulta solo será real si las autoridades demuestran que nos toman en serio, respetan nuestros derechos y actúan de buena fe y con transparencia", ha declarado Patricia Gualinga, una de las líderes de Sarayaku, a Amnistía Internacional.
Gobiernos de países de todo el continente americano se han abstenido de controlar la actuación de las industrias extractivas, aunque afecte a comunidades locales.
Desde 2003, la empresa canadiense Goldcorp Inc explota una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Miembros de la comunidad han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.
Personas que residen en la zona han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, "la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener [...] todos estos impactos negativos, [...] que iba a generar todo este conflicto".
"El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas", ha declarado Mariano Machain.
Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.
En Chile
Chile no es una excepción en cuanto a las preocupaciones señaladas anteriormente. Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile señala que “el derecho a la consulta resulta muy relevante en nuestro país al considerar todos los proyectos de desarrollo que se están ejecutando y se piensa ejecutar. Asimismo, en contextos como el conflicto mapuche, el derecho a la consulta es crucial al momento de resolver conflictos sobre restitución de tierras que vienen de años”.
“En este sentido, resulta esencial que todas las políticas que afecten a los pueblos indígenas, ya sea en materia social, de seguridad, o de desarrollo, se determinen dentro del marco de un diálogo de buena fe con los propios pueblos indígenas” agrega Ana Piquer.
De igual manera, otra preocupación que ha planteado Amnistía Internacional en reiteradas ocasiones es la respuesta de las autoridades para resolver conflictos en el marco de los reclamos de los pueblos indígenas, y en particular de las comunidades Mapuche. La organización ha exigido al gobierno que ante cualquier escenario de conflictividad el uso de la fuerza debe ser proporcionado y una medida de último recurso, tal y como lo señalan los estándares internacionales de derechos humanos.
“Es fundamental que las autoridades no pierdan en ningún momento de vista el respeto a los derechos humanos al momento de solucionar conflictos sociales que pueden requerir la intervención de la fuerza pública, como ha ocurrido en numerosas oportunidades en el marco del conflicto Mapuche”, concluyó Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Fuente: Amnistía Internacional 10 de agosto de 2012.- 216 veces leída |
