¿Qué está ocurriendo en Chile que las contraposiciones de intereses, entre comunidades y empresas o comunidades y gobierno se transforman en conflictos ciudadanos? En el caso puntual de Agrosuper, analicemos en detalle. Organizaciones ciudadanas de la comuna de Freirina informaron a distintas autoridades públicas la presencia de malos olores, tras la puesta en marcha de sus operaciones.

La empresa en Diciembre de 2011 contrató un estudio de emisiones, que dio como resultado la inexistencia de éstos atribuibles a la planta. Ese estudio fue rechazado por ciudadanos organizados de la comunidad por considerar que las mediciones que se realizaron estaban fuera de los horarios críticos de percepción de olores.

La autoridad sanitaria, por su parte, señala en marzo del 2012 que tras realizar acciones de fiscalización no se logró percibir la existencia de "malos" olores.

Finalmente, se desencadenó el conflicto. Las autoridades del nivel central debieron intervenir y se decretó el cierre temporal de la planta el 22 de mayo pasado. La empresa -a través de un comunicado público- admitió la existencia del problema: "La empresa ha realizado grandes esfuerzos para eliminar los malos olores que han afectado la calidad de vida de los habitantes del valle del Huasco. Desde que empezó este problema -en diciembre de 2011- se ha trabajado en la reparación de los sistemas de aireación así como en las cúpulas de los pozos, con todos recursos humanos y económicos disponibles en Chile y el exterior", decía el texto.

Cabe cuestionarse, entonces, si la información entregada a la comunidad por parte de la empresa fue fidedigna e incluso más allá, por qué las inspecciones realizadas por los organismos públicos no lograban percibir la existencia de olores, si a trastienda los vecinos mantenían sus denuncias.

Independiente de eso, detrás de éstas y/o los problemas de funcionamiento de la empresa, lo que la comunidad de Freirina reclamaba al Presidente de la República, es el respeto a sus derechos constitucionales de "vivir y desarrollarse en un medioambiente libre de contaminación". Con sus pancartas señalaban sentirse vulnerados en el cumplimiento de estos derechos. Dicho de otro modo: vulnerados en las garantías que establece la Constitución.

En ese contexto cobra sentido el enfoque de derechos propuesto por las Naciones Unidas, en el que se identifican a las personas como sujetos/as de derechos que demandan determinadas acciones, prestaciones y/o conductas por parte de los garantes de esos derechos o de los sujetos de obligaciones.
En esta nueva lógica el Estado debe respetar, proteger y cumplir los derechos de los ciudadanos y las empresas, además de respetar las normativas específicas existentes para cada país, también deben hacerlo.

Hoy existe una ciudadanía distinta, más consciente y conectada, que dejó atrás su pasividad y con conciencia del poder que pueden tener sus acciones conjuntas; una ciudadanía capaz de autoconvocarse en torno a un propósito común y capaz de sensibilizar y generar alianzas con distintos sectores; con vocerías trasparentes, claras y precisas.

Hablamos de líderes que no responden a intereses propios o partidistas, como muchas veces se ha señalado, sino a los intereses de la comunidad, comunidad a la que vuelven una y otra vez para consensuar y validar las decisiones; una ciudadanía que desea incidir en los asuntos que les afectan y que consideran que tienen el derecho de elegir y mejorar sus condiciones de vida.

Es esencial que gobierno y otros actores que forman parte o intervienen en los conflictos se pongan a tono con estas nuevas formas naturales y espontáneas de participación y organización ciudadana, actuando de manera oportuna  y no esperando que llegue la ola para actuar.

Bernarda Jorquera, Directora de Calidad y Proyectos de Fundación Casa de la Paz.
Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

6 de junio de 2012.-

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