La reglamentación ambiental vigente en Chile, así como la de muchos países de América Latina, fue desarrollada en la década de los ‘90 reflejando el pensamiento de la década de los ‘80, una época donde la relación entre empresas y medio ambiente estaba reducida al control de la contaminación.

Pero estamos en el 2012, y los proyectos industriales que se están haciendo hoy nos van a acompañar por los próximos 20 o 30 años. Sin embargo, seguimos regulando a las empresas con el conocimiento de los ‘80 y con la mirada dirigida al aquí y al ahora y no al futuro. Y las últimas reformas legales de la ley 20.417 no cambian las bases de la norma anterior.
 
En estos 25 años hemos aprendido y reafirmado cosas muy importantes: una, que los asuntos ambientales son, por definición, asuntos de largo plazo. Es decir, que necesitamos asegurar que lo que hacemos hoy no destruye la capacidad de la naturaleza de seguir funcionando en 30, 50 ó en 100 años. Por tanto, debemos diseñar "HOY" proyectos industriales que permitan que nuestros nietos, y sus nietos, tengan agua limpia, productos agrícolas, paisajes, aire limpio, protección contra eventos climáticos, es decir, que los ecosistemas puedan funcionar para seguir ofreciendo sus servicios.
 
Segundo, sabemos que la operación de las mismas plantas y procesos industriales puede tener un impacto absolutamente diferente en un ecosistema o en otro. Hoy nos encontramos "agarrados del moño", discutiendo sobre el tamaño de un filtro o sobre la cantidad de agua que se puede consumir en un proyecto, buscando controlar cada punto que genera contaminación, pero lo que necesitamos en realidad es asegurar que el uso actual de los recursos naturales de cada proyecto permita asegurar en 30 o 50 años el funcionamiento de los ecosistemas que estamos afectando hoy.
 
Y tercero, y tal vez lo más relevante, es que las personas tenemos derecho Y "NECESIDAD" de un medio ambiente sano, y eso depende –fundamentalmente- de la capacidad de cada ecosistema de mantener la vigencia de sus servicios a lo largo del tiempo.

El crecimiento económico no debe ser la única variable con la que se tomen decisiones: la generación de empleo, el pago de impuestos, el aumento de los mercados, son todos muy importantes, pero no deben suceder a expensas de la salud de las personas. Entre otras, porque al final nos resulta costoso como sociedad. Aunque las empresas no tengan claro cuáles son sus costos ambientales, los ciudadanos sí que tenemos claro los costos que tenemos que pagar cuando no se respetan las necesidades de los ecosistemas: los pagamos en forma de inundaciones, derrumbes, suelos sin fertilidad, aire contaminado y enfermedades respiratorias, agua sucia, y enfermedades digestivas, entre otras.
 
De manera que lo que debemos regular hoy es  la forma como las diferentes actividades industriales deben diseñarse para asegurar que los servicios de los ecosistemas pueden funcionar en el largo plazo.
 
Y no se trata de una posición ideológica o moralista: es absurdo construir una carretera o un edificio en contra de la dirección de las aguas de una cuenca: más tarde o más temprano, el agua va encontrar la forma de regresar a su cauce, con la fuerza de la naturaleza, no importa qué tan bonito sea el edificio, cuanto empleo se haya generado, o que tan útil sea la carretera para desarrollar los mercados.

Es en el mejor interés -de quienes habitamos en los territorios y también de quienes trabajamos en empresas- que los ecosistemas sigan funcionando, para tener agua limpia, aire limpio, productos agrícolas, paisajes, y los innumerables recursos de la biodiversidad. Estas son las bases de la producción en el planeta, y de ellas depende la salud de las personas y de los negocios.


María Emilia Correa, Abogada, Presidenta de Directorio Fundación Casa de la Paz.

12 de mayo de 2012.-

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