Parecía que tras las conmemoraciones de los 30 años del golpe militar, el tema de los derechos humanos había empezado a pasar al olvido. Pero no ha sido así. Que el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre haya reconocido una responsabilidad institucional en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, no parece ser sólo una declaración de buenas intenciones. Es que se ha creado una gran expectativa –al menos en el mundo de las organizaciones de derechos humanos-en torno al contenido del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que debería entregarse este jueves al presidente Ricardo Lagos. El contenido quizás no sorprenda mucho, pero permitirá confirmar –y es lo que ya adelantaron expertos de la Universidad Diego Portales que lo analizaron- que las Fuerzas Armadas tenían una política previa al 11 de septiembre para enfrentar a los partidarios de la Unidad Popular. Lo cual ratifica la existencia de una política de Estado con estrategias claras para detener, torturar y hacer desparecer personas. Esta es una tesis que las agrupaciones de derechos humanos, principalmente la de familiares de detenidos desaparecidos, siempre sostuvieron, aunque fuera sistemáticamente negada por quienes cometieron los atropellos a los derechos humanos. No de otra forma se entiende, por ejemplo, la aplicación de la desaparición forzada de personas, a quienes no sólo se las hizo desaparecer físicamente sino que también se pretendió negar su existencia, como si nunca hubieran sido parte de la sociedad. Lo mismo ocurre con quienes fueron salvajemente torturados, muchos de los cuales aún conservan secuelas y daños irreversibles que, seguramente, ninguna compensación podrá remediar. Conocer lo ocurrido con quienes sufrieron prisión política y/o tortura permitirá concluir el capítulo que faltaba en esta dolorosa memoria histórica de nuestro país que se inició con el trabajo de la Comisión Rettig, para establecer cuántos de nuestros compatriotas tienen la calidad de detenidos desaparecidos y cuántos fueron ejecutados y sus cuerpos encontrados. Si el informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura se hace público –como todos esperamos porque se hizo con el de la Comisión Rettig- podremos saber qué pasó con miles de chilenos que fueron detenidos y pasaron por cientos de recintos de detención a lo largo del país. Ahí confirmaremos que no sólo militares participaron en estas detenciones y torturas, también carabineros, funcionarios de Investigaciones, personal de la Armada y de la Fuerza Aérea e, incluso, civiles que integraron patrullas o bien delataron a otro que consideraban opositor. También se indicarán los centros de detención y quizás hasta las formas más usadas para torturar a los detenidos. Según informa la prensa, el documento que recibirá Lagos explica que esta política de las Fuerzas Armadas se comenzó a aplicar inmediatamente después del golpe de Estado y que ya había designados mandos militares con anticipación para que se hicieran cargo de ponerla en práctica a lo largo de todo el país. La Comisión elaboró el informe sobre la base de cerca de 35 mil testimonios, aunque se estima que los afectados directamente con los distintos métodos de tortura que se aplicó fueron alrededor de 60 mil personas, si bien otras estimaciones las sitúan en cien mil. Entre quienes declararon hay 4 mil personas que estuvieron detenidas en el Estadio Nacional. Un aspecto que resulta decidor es que en el documento no se califica los hechos ocurridos, sino que sólo da cuenta de ellos. Algo similar a lo que hizo el informe de la Comisión Rettig. Habrá que esperar su contenido.