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Chile, Concepción, jueves, 27 de abril de 2017
Tribunal Constitucional debe decidir sobre auto acordado de Suprema que reasigna causas de DDHH PDF Imprimir E-Mail
Derechos Humanos
escrito por TBB   
miércoles, 15 de marzo de 2017
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos solicitó al Tribunal Constitucional hacerseActive Image parte en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa de cuatro procesados en una causa por violación a los derechos humanos que se sustancia en Chillán, en contra del autoacordado de la Corte Suprema que reasigna dicho proceso al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.
Fue el 27 de febrero cuando el abogado Ricardo Robles, en representación de los procesados Pedro Vergara Mieres, Froilán Aguilera Domínguez, Luis Troncoso Verdugo y Fanor Aguilera Pizarro interpuso este requerimiento, solicitando al Tribunal Constitucional que el auto acordado de la Corte Suprema de fecha 27 de enero de 2017, sea declarado inconstitucional parcialmente y sea derogado también parcialmente en esta causa.
 
Se trata del proceso que sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán, Claudio Arias por el homicidio de Rolando Angulo Matamala, el secuestro  y homicidio de Bartolomé Salazar Veloz y el secuestro de Ogán Lagos Marín, hechos ocurridos en abril de 1974.
 
Según el abogado defensor de cuatro de los procesados, la reasignación de esta causa –y de otras siete- sustanciadas por un ministro de Chillán a otro de Concepción violan “las normas de competencia legal de un tribunal”, fijadas por la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales, como la territorialidad y la radicación que son materias de reserva legal.
 
En sus argumentos, el abogado Robles esgrime que la Corte Suprema no tiene atribuciones legales para modificar la competencia de un tribunal, que ha sido establecida por la Constitución Política. Según lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, “será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio”. Es este caso específico, agrega, los hechos ocurrieron en Chillán y no en Concepción. “Un ministro de Concepción no puede conocer causas de Chillán, es evidente y grosera la reasignación”, asevera.
 
En la presentación hecha al Tribunal Constitucional se solicitó que se suspenda el procedimiento penal en la causa que se sigue ante el ministro instructor Claudio Arias de la Corte de Apelaciones de Chillán y que se inhiba de remitir ese proceso al ministro Carlos Aldana hasta que el requerimiento sea fallado.
 
El Tribunal Constitucional acogió dicha petición, con lo cual la causa quedó suspendida en su tramitación. Esto se hizo sentir el lunes cuando, pese a haber estado inicialmente en tabla la apelación presenta por la defensa en contra de la resolución del ministro Arias que había procesado a los acusados en este cao, finalmente la causa no se vio, precisamente porque había quedado suspendida.
 
Ahora, le corresponde al TC decidir sobre la petición de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en cuanto a hacerse parte en el proceso.

 

15 de marzo de 2017.-

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