La Comisión de Constitución declaró como “inconstitucional” el proyecto presentado por diputados UDI y RN, que establece libertad para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990.

Casi treinta años después de que viera la luz por primera vez -1984- el libro “Un Viaje por el Infierno”, del periodista Alberto Gamboa, fue presentado en Concepción, en un acto emotivo y plagado de mensajes y recuerdos.

“Itinerancia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos” es una muestra que reúne material documental y testimonial relativo a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La exposición se puede visitar en el Aula Magna de la Universidad del Bío Bío, en Concepción.

Con la presentación del libro “Un Viaje por el Infierno”, del periodista Alberto Gamboa, la Corporación Memoria Presos Políticos de Chacabuco, que preside el penquista Gabriel Reyes, inicia sus actividades públicas en Concepción, con el fin de conmemorar los 40 años de la instalación del campo de prisioneros de Chacabuco, en noviembre de 1973.

Penas que van desde los 14 años de presidio hasta los cinco años y un día, dispone el fallo de la ministra en visita extraordinaria Raquel Lermanda de la Corte de Apelaciones de Concepción, en contra de 11 civiles y 7 uniformados, por el secuestro calificado de 28 personas ocurridos entre el 11 de septiembre y el 3 de noviembre de 1973 en las localidades de Santa Bárbara y Quilaco, en la región del Bío Bío.

La Corte Suprema revocó el sobreseimiento de la investigación por los secuestros calificados de Óscar Fetis Sabelle, Sergio Fetis Valenzuela, Luis Wall Cartes y Tomás Ramírez Orellana, ocurridos a partir del 5 de noviembre de 1973, en Chillán.

La titular del Tercer Juzgado de Concepción acogió una demanda civil en contra del Fisco presentada por la viuda y las hijas de Nelson Almendras Almendras, detenido desaparecido desde el 17 de septiembre de 1973 y condenó al Estado al pago de una indemnización moral por cien millones de pesos.

En un fallo sorpresivo, la Corte de Apelaciones de Chillán revocó la absolución dictada en primera instancia en contra del ex oficial de carabineros, Patricio Jeldres Rodríguez por los delitos de secuestro en contra de dos obreros agrícolas de Chillán, el 22 de octubre de 1973.

En el 2012 concentró el 6 por ciento del total nacional de  casos, dos puntos más que el 2011, siendo la tercera región donde más se denunciaron y/o ocurrieron atropellos contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales,  reportó el XI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual.       

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la resolución del ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana que había levantado el sobreseimiento de la causa que involucra a once ex carabineros por la ejecución de 19 personas de Laja y San Rosendo, detenidas en días posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Olimpia Riveros supo de la detención de quien fuera intendente de Concepción, Fernando Álvarez Castillo, a poco de haber ocurrido. Se encontró con Adriana Ramírez, esposa de Álvarez, quien le comentó lo que había pasado.

Cuando nos aproximamos a cumplir cuarenta años del golpe militar en Chile, numerosas causas por violaciones a los derechos humanos siguen vigentes y en plena tramitación. En la región del Bío Bío, una de las situaciones más impactantes de que se tiene memoria es la matanza de 18 campesinos en la zona rural de Mulchén, hecho ocurrido entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973.

Una petición al alcalde de Concepción para que adopte medidas con el fin de resguardar la placa instalada en el Estadio Regional en recuerdo a que el lugar fue centro de detención durante la dictadura militar, solicitó la Corporación Memoria Ex Presos Políticos de Chacabuco ante los trabajos de remodelación a que será sometido el recinto deportivo.

Luego de cinco años de tramitación, este martes el 18° Juzgado Civil de Santiago falló a favor de un grupo de 31 ex prisioneros políticos que permanecieron confiados en los campos de concentración de Isla Lawson y Magallanes tras el golpe militar y condenó al Estado chileno al pago de 150 millones de pesos para cada uno de los demandantes.